El convenio entre la Comunidad de Madrid y el ICOMEM permite tramitar más de 500 valoraciones de discapacidad en sus primeras semanas

13 may 2026

La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ha informado de que ya se han gestionado 537 expedientes desde la puesta en marcha del acuerdo, con la participación de 122 médicos adheridos a la iniciativa

La Comunidad de Madrid ha tramitado ya 537 expedientes de valoración del grado de discapacidad durante las primeras semanas de vigencia del convenio suscrito con el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid, según ha informado la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales.

El balance ha sido realizado por la consejera Ana Dávila durante su visita al Reshogar Círvite, un recurso residencial pionero en España destinado a personas con discapacidad intelectual o en proceso de envejecimiento prematuro, ubicado en el distrito de San Blas-Canillejas. El Ejecutivo autonómico destina más de medio millón de euros anuales al mantenimiento de las 21 plazas públicas de este dispositivo.

Según los datos facilitados por la Comunidad de Madrid, el convenio ha permitido alcanzar una media de ocho informes semanales por facultativo. La consejera ha destacado “el compromiso de los 122 médicos adheridos a esta iniciativa, que demuestra la disposición de los profesionales sanitarios, algo que agradecemos especialmente”. Asimismo, ha señalado que el objetivo del Gobierno regional es “incrementar hasta un 33% la capacidad de resolución de estos procedimientos”.

El acuerdo de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Colegio de Médicos tiene como finalidad reforzar la elaboración de informes clínicos dentro de los procesos de reconocimiento del grado de discapacidad, mejorar el nivel de respuesta administrativa y reducir los tiempos de espera para los ciudadanos.

Los profesionales inscritos en este programa prestan apoyo a los facultativos de la red pública que actualmente atienden en los 10 centros base las solicitudes de valoración del grado de discapacidad. A través de este convenio, el Ejecutivo autonómico pretende alcanzar los 80.000 reconocimientos anuales, entre nuevas solicitudes, renovaciones y revisiones, además de reducir el volumen de expedientes pendientes y disminuir el plazo medio de resolución hasta un máximo de seis meses.

La Comunidad de Madrid destinará 2,3 millones de euros anuales a esta medida.