El Colegio de Médicos de Madrid rechaza el registro de objetores por vulnerar derechos fundamentales y la libertad de conciencia

07 oct 2025
Categorías: Comunicados

El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM) manifiesta su profunda preocupación ante la propuesta del Gobierno de crear y regular un registro oficial de profesionales sanitarios objetores al aborto.

 

 

Desde esta institución, se considera que dicha iniciativa representa una amenaza directa al derecho a la objeción de conciencia, reconocido tanto por la Constitución Española como por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La objeción de conciencia forma parte esencial de la libertad individual y profesional, y debe ejercerse sin temor a ser señalado, registrado o discriminado.

 

El presidente del ICOMEM, el Dr. Manuel Martínez-Sellés, advierte que “obligar a los médicos a inscribirse en una lista por razones éticas o de conciencia sienta un peligroso precedente”. En sus palabras, “este tipo de medidas no solo atentan contra los principios constitucionales, sino también contra la ética médica y los códigos deontológicos que rigen nuestra profesión”.

 

El Colegio recuerda que el derecho a la objeción no solo implica la posibilidad de abstenerse de realizar prácticas contrarias a la conciencia del profesional, sino también la garantía de que no se producirán consecuencias negativas por ejercer ese derecho. Cualquier mecanismo que pueda derivar en señalamiento, presión o discriminación de médicos objetores es inaceptable.

 

Además, el ICOMEM alerta de que esta propuesta abre la puerta a un uso político e ideológico de la medicina, instrumentalizando a los profesionales sanitarios en lugar de proteger su independencia y vocación.

 

El Colegio de Médicos de Madrid reitera su compromiso con la defensa de la libertad de conciencia, la autonomía profesional y el respeto a los derechos fundamentales de todos los médicos. Asimismo, hace un llamamiento a las autoridades para que reconsideren esta iniciativa y actúen con responsabilidad institucional, garantizando un marco de respeto y protección para todos los profesionales del sistema sanitario.